Provincia de Corrientes

Área Amenazada
Cuenca del Arroyo

Ayuí Grande

La Fundación Reserva del Iberá presentó un nuevo Recurso de Amparo contra la Ley que ordena los Bosques Nativos en Corrientes

El viernes 20 de agosto ingresó en el Juzgado a cargo del Dr. Gustavo René Bufill de la ciudad de Mercedes (Corrientes) un Recurso de Amparo de la Fundación Iberá, mediante el cual se solicita la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Provincial Nº 5974 que aprueba el ordenamiento territorial de los Bosques Nativos de Corrientes, sancionada para favorecer intereses particulares.

Mercedes, Corrientes. 20 de Agosto de 2010-  A las 11 de la mañana del viernes 19 de agosto, el Presidente de la Fundación Iberá, Enrique Lacour y el Secretario Pedro Healy, abandonaron la sede del Juzgado Civil de Mercedes, pidiendo la urgente intervención del Juez Bufill, ingresando una demanda de seiscientas fojas preparada por la Abogada civilista Dra. María Belén Blanco Representante Legal Ad honorem de la fundación. “Nuestra demanda demuestra que el Plan de Ordenamiento de los Bosques Nativos de Corrientes es inconstitucional, plagado de errores y vicios que terminan desprotegiendo los bosques nativos, en particular los de la región del Espinal, que abarca los departamentos del centro y sur de la provincia, incluyendo a Mercedes”, explicó Lacour.

El titular de la organización conservacionista explicó que la fundación hizo lo posible por contribuir a la construcción de un Plan de Ordenamiento de los Bosques Nativos respetuoso de la norma nacional de presupuestos mínimos sobre la protección de los bosques, elaborando un petitorio firmado por 23 organizaciones y presentado en todas las audiencias públicas, pero que sin embargo fue completamente desoído.

El mismo Plan de Ordenamiento había sido aprobado por Decreto del anterior Gobernador Arturo Colombi, en una alocada carrera contrarreloj para aprobar la Represa del Ayuí Grande (en ese momento detenida por la inexistencia del Plan de Ordenamiento de los Bosques, y la consecuente paralización de los permisos de desmontes). Sin embargo, el decreto no resistió el Recurso de Amparo que la propia fundación había presentado en el juzgado mercedeño, el que fue tachado de nulidad por ser inconstitucional, dicha resolución fue ratificada más tarde por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. Cuando las autoridades advirtieron el escollo fueron a la legislatura correntina, para presionar por una inmediata aprobación del mismo Plan de Ordenamiento de Bosques, pero esta vez en el formato de una Ley. A pesar de las advertencias de la Comisión de Ecología de la Cámara de Diputados, presidida por la Diputada María Inés Fagetti de Mansutti, la Ley fue obtenida con la celeridad que logran las consabidas presiones desde el Ejecutivo y los sectores de lobby.

El sospechoso procedimiento había sido analizado por el constitucionalista Daniel Sabsay y el Biólogo Aníbal Parera, quiénes publicaron una severa denuncia sobre el caso, bajo el título “Hay trampa en la Ley de Bosques de Corrientes”[2]. La apresurada ley era sin embargo portadora de todos los defectos técnicos del anterior decreto, pero además intentaba validar los procedimientos administrativos operados en los breves días del Decreto anulado por la justicia, entiéndase la aprobación de la Represa del Ayuí Grande, que las compañías Copra y Adeco Agro promueven en Mercedes, afectando bosques ribereños del valioso arroyo correntino. “Con la nueva presentación realizada ante la Justicia, la Fundación Iberá espera se detengan todos los permisos de desmontes, hasta tanto se logre un Plan de Ordenamiento de los Bosques nativos, acorde a los principios rectores de la Ley y en beneficio de todos los correntinos, que amalgame la preservación de los recursos naturales con los derechos de los productores rurales”, explicó la Dra. María Belén Blanco.

Por su parte el Secretario de la Fundación Iberá Pedro Healy, conocido localmente por su trayectoria en temas de ruralidad, expresó que en ningún momento la fundación pretende ser contraria a los intereses del sector agropecuario. No está en contra del cultivo de arroz, y por el contrario, lo considera una actividad productiva en la provincia, y que no debe confundirse a todos los arroceros con un grupo menor (dos empresas), que pretenden hacer las cosas fuera de la ley, afectando el medio ambiente y perjudicando a otros productores de la baja cuenca del Ayuí-Miriñay.

www.fundacionibera.com.ar
http://www.el-litoral.com.ar/leer_noticia.asp?IdNoticia=137360

Posición de Greenpeace sobre el proyecto Represa del Ayuí Grande y el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Corrientes

Buenos Aires. 20 de Agosto de 2010-Desde hace más de cinco años un grupo de empresas arroceras pretende represar el arroyo Ayuí Grande, sepultando 8.000 hectáreas bajo las aguas de un lago artificial, alterando el régimen de este importante curso de agua y eliminando valiosos bosques nativos. Dicho proyecto fue duramente cuestionado por Greenpeace y varias organizaciones ambientalistas desde su inicio.

Para que el proyecto de la Represa del Ayuí Grande sea factible se necesita que el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Corrientes clasifique a los bosques ribereños que quedarían inundados en la Categoría III (verde), la cual permite su desmonte total o parcial. El artículo 9º de la Ley 26.331 establece en forma precisa que se deberán incluir en la Categoría I (rojo) a las “áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de investigación científica”.

Resulta sorprendente entonces que gran parte de los bosques del Espinal cercanos a sistemas hídricos (incluyendo a los linderos con el arroyo Ayuí Grande) no fueran incorporados en el Ordenamiento Territorial de la provincia en la Categoría I (rojo), entendidos como “sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse”.

Por otra parte el Ordenamiento Territorial de Corrientes, tampoco cumple con los “Criterios de Sustentabilidad Ambiental para el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos”, del Anexo de la Ley que en su punto 9 establece: “Potencial de conservación de cuencas: consiste en determinar la existencias de áreas que poseen una posición estratégica para la conservación de cuencas hídricas y para asegurar la provisión de agua en cantidad y calidad necesarias. En este sentido tienen especial valor las áreas de protección de nacientes, bordes de cauces de agua permanentes y transitorios, y la franja de “bosques nublados”, las áreas de recarga de acuíferos, los sitios de humedales o Ramsar, áreas grandes con pendientes superiores al (5%), etc.”.

Frente a ello, organizaciones ambientalistas de todo el país presentaron sus objeciones a dicho Ordenamiento, mediante un documento conjunto. Pese a las críticas, el Poder Ejecutivo de Corrientes decidió su sanción, sin ningún cambio, mediante el Decreto 1439/09, y el 9 de diciembre de 2009 aprobó el proyecto Represa del Ayuí Grande mediante el decreto 2353/09.

En diciembre de 2009, la Justicia hizo lugar a la demanda de la Fundación Reserva del Iberá contra el Estado de la Provincia de Corrientes, declarando la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del Decreto 1439/09, que establecía el Ordenamiento Territorial de Bosques de la provincia. Sin embargo, en lugar de modificarlo para que el mismo cumpla con la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el Poder Ejecutivo de Corrientes decidió enviar a la legislatura un proyecto de ley exactamente igual al decreto rechazado por la Justicia. Así, en mayo de 2010, la legislatura correntina sancionó la Ley Provincial Nº 5.974 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Corrientes, cuyo mapa de zonificación es idéntico al anulado en su momento por la Justicia. Consideramos que el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Corrientes se opone a los objetivos y criterios de conservación establecidos en la Ley de Bosques, ya que no protege importantes zonas boscosas continuas del Espinal y no le pone freno al avance de la frontera agropecuaria y a la fragmentación de sus bosques.

Teniendo en cuenta el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, según el cual “corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”, entendemos que esta norma resulta inconstitucional al no cumplir con la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. En ese marco, volvemos a señalar que para Greenpeace el proyecto Represa del Ayuí Grande resulta ambiental y jurídicamente inaceptable.

http://www.mimercedes.com.ar/masnotas.php?ampliar=1197
http://www.corrienteshoy.com/vernota.asp?id_noticia=62651
http://www.laprovinciadigital.com.ar/notix/noticia.php?i=20877

Lic. Hernán Giardini
Campaña de Clima y Bosques Climate & Forests
Campaign Greenpeace Argentina

Por qué la represa del vice de Clarín puede reabrir el conflicto de Botnia

Publicado el 15 de Agosto de 2010, Diario Tiempo Argentino
Por Fernando Pittaro

ES POR EL TRATADO DE 1975 SOBRE EL RÍO URUGUAY

Documentos “confidenciales” revelan que los negocios de Aranda y Colombi pueden perjudicar el vínculo entre ambos países. Durante el conflicto por la pastera, el gobierno pidió explicaciones al gobernador correntino. Nunca las dio.

La construcción de la represa Ayuí Grande es, desde septiembre de 2008, una verdadera cuestión de Estado para la Argentina. Y secreta, porque se mantuvo en silencio hasta hoy. Así lo demuestra una serie de documentación “confidencial” a la que tuvo acceso Tiempo Argentino, en forma exclusiva. Se trata de varias cartas y notas internas que intercambiaron altos funcionarios de la Cancillería argentina; de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; y de la Delegación Argentina de la Comisión Administradora del Río Uruguay (DACARU). Manejaron el tema en absoluto resguardo, entre el 3 de septiembre de 2008 y el 16 de febrero de este año. Es que el intercambio ocurrió en pleno conflicto diplomático con el Uruguay, por la instalación de la pastera Botnia en Fray Bentos. Y lo que evaluaron los organismos del Estado Nacional era que la construcción del emprendimiento arrocero del vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, y del multimillonario húngaro George Soros, podía contaminar el Arroyo Ayuí, cuyas aguas desembocan finalmente en el Río Uruguay, el mismo lugar en el que transcurrió el conflicto. La posibilidad de un nuevo enfrentamiento bilateral alertó a las autoridades, que dejaron su preocupación por escrito.

El 18 de enero de 2010, la DACARU exigió información al gobierno correntino para determinar “el efecto negativo que podría tener (que) en la Argentina se autorice una obra tal, en momentos en que la Corte Internacional de Justicia delibera sobre la demanda por violación del mecanismo de información y consulta previa del Estatuto del Río Uurguay”. Una alta fuente diplomática, que pidió estricta reserva de su identidad, interpretó la situación: “Esto nos jode a los argentinos. Imagínese, sería darles la razón a los uruguayos. Si nosotros les recriminamos judicialmente porque no avisaron con anticipación la instalación de Botnia, esta sería la excusa perfecta para que hagan lo propio con la construcción de la represa. Sería clavarnos un puñal en la espalda nosotros mismos” (ver recuadro). La represa que construirá la firma Copra SA, de Aranda, junto con Adecoagro, de Soros, se empezará a concretar el mes que viene. Así lo aseguran directivos locales y funcionarios provinciales (ver recuadro). Y esa construcción equivale a privatizar el Arroyo Ayuí para inundar 8000 hectáreas, que regarán otras 18 mil, prácticamente la mitad de la superficie que ocupa la Ciudad de Buenos Aires. ¿El objetivo? Multiplicar la producción de arroz de Aranda y Soros.

La oposición de distintos ambientalistas y de los propios vecinos fue notoria de inmediato. Mientras el vicepresidente del Grupo Clarín pretende producir 120 mil toneladas más de arroz, para exportar a Venezuela, el resto de los productores río abajo aseguran que será una tragedia: se quedarán sin agua, lo cual perjudicará al extremo sus posibilidades de producción. Lo que nadie sabía era que el perjuicio puede extenderse a todos los argentinos. Por la posibilidad de desencadenar un conflicto, ya no local, sino internacional. De allí la preocupación que quedó asentada en la carta, fechada el 3 de septiembre de 2008, de la DACARU. Lleva el número 189/2008: “Siendo que el Arroyo Ayuí desemboca en el Río Miriñay, que constituye uno de los principales efluentes del Río Uruguay, debe inferirse que el aporte de nutrientes llegará a este último. Si partimos de la base que el embalse de Salto Grande presenta un alto grado de eutrofización, ese aporte agravaría este estado.” El punto es que evaluaban que a la obra “podrían resultarle de aplicación” los artículos 7 al 12 del Estatuto del Río Uruguay de 1975. Allí se especifica que “la parte que proyecte cualquier tipo de obra u aprovechamiento de las aguas del río, que pueda llegar a tener entidad suficiente para afectar la calidad de las mismas, deberá comunicarlo a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU)”. La carta termina con un párrafo contundente: “Esta delegación argentina considera conveniente una comunicación directa con las autoridades competentes en la materia de la provincia de Corrientes, requiriendo la confirmación del proyecto o no y, en su caso, detalles técnicos de la obra”.

En simultáneo, la entonces secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti, también realizó un pedido de informes a las autoridades provinciales. Lo hizo en una carta dirigida directamente a Arturo Colombi, quien era gobernador de Corrientes. “Los impactos ambientales involucrados en un emprendimiento como el que nos ocupa, que inciden a nivel ecosistémico y muchas veces se proyectan a otras jurisdicciones, fundamentan mi preocupación y el interés nacional en informarse detalladamente del proyecto presentado”, escribió Picolotti. En diálogo con este diario, la ex funcionaria reconoció que “nunca obtuvimos ninguna respuesta del gobierno provincial. Al no tener jurisdicción federal, le mandamos una carta formal al gobernador diciendo que la Secretaría de Medio Ambiente tenía preocupaciones sobre el tema, y que nos poníamos a disposición del gobierno para intermediar con la comunidad” (ver recuadro). Aranda y Soros diseñaban la estrategia política del emprendimiento, mientras que en el diario Clarín se informaba que “Un estudio sobre el aire dice que Botnia no lo contamina”. Aseguraban que el trabajo “no encontró pruebas contundentes acerca de que el aire de Gualeguaychú haya sufrido contaminación tras el comienzo de la producción de celulosa”.

Casi dos meses después del pedido de la Secretaría de Medio Ambiente, el gobierno correntino envió una respuesta llena de evasivas. La carta del 28 de octubre llevaba la firma del ingeniero Mario Rujana, administrador del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA). Aseguraba que el proyecto “no se encuentra territorialmente en el Sistema Iberá y el mismo no ha sido aún aprobado, encontrándose en etapa de análisis y evaluación con solicitud de ampliatoria de información”. “Botnia ya produce tanta celulosa como 30 papeleras argentinas”, tituló Clarín el 10 de noviembre de 2008, y aseguró que “a un año de empezar a echar su humo blanco enfrente de Gualeguaychú la pastera Botnia produjo 850 mil toneladas de celulosa”. Mientras tanto, la tensión en Cancillería se incrementaba. El documento confidencial que escribió Susana Ruiz Cerutti, de la Dirección General de la Consejería Legal, puso en conocimiento de la situación a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y agregó que cualquier información debía hacerse llegar a la “Delegación Argentina de la Comisión Administradora del Río Uruguay y deberán abstenerse de enviar comunicación alguna a la Comisión Administradora del Río Uruguay ”.

En concreto, Cerutti advertía que la información sólo tenía que circular por manos argentinas. Las autoridades correntinas nunca brindaron detalles específicos de la obra en cuestión. La comunicación siguiente se estableció el 18 de noviembre de 2009, y fue para invitar formalmente al presidente de la DACARU, embajador Hernán Darío Orduna, a la audiencia pública ambiental que se realizó el 4 de diciembre de 2009 en la ciudad de Mercedes. Un mes después, el 22 de diciembre de 2009, el ingeniero Rujana envió la última carta a la DACARU. Fue para transmitir que “la convocatoria tuvo amplia y exitosa participación ciudadana dado que se inscribieron 96 personas para exponer sus opiniones oralmente y asistieron más de 500 personas”. La inquietud del cuerpo diplomático se acentuaba. Las notas y memorandos internos daban cuenta de la envergadura del emprendimiento “que abarcaría más de 77.000 hectáreas, provocando la eliminación de bosques en galería a lo largo de 137 kilómetros, razón por la cual resulta preciso determinar si la obra es susceptible de producir cambios en el ecosistema del Río Uruguay y, consecuentemente, si corresponde o no someterlo a la CARU”. Pero Aranda ya tenía lo que necesitaba. El decreto del gobernador Arturo Colombi. El 1439/09. Un día antes de dejar el cargo, le allanó el camino al empresario, habilitándolo para la obra.

La advertencia de Cerutti, entonces, fue más completa el 18 de enero de 2010. Había que evaluar, escribió, “el efecto negativo que podría tener en la Argentina que se autorice una obra tal en momentos en que la Corte Internacional de Justicia delibera sobre la demanda invocada por la República Argentina, entre otros méritos por violación del mecanismo de información y consulta previa del Estatuto del Río Uruguay”. Se volvió, entonces, a pedir información a Corrientes. “Al señor gobernador Horacio Ricardo Colombi (primo del gobernador saliente)”, encabeza el escrito realizado por Cerutti y el Ministro de Gabinete de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Ricardo Larriera. “Resulta preciso determinar si el Proyecto es susceptible de producir efectos en el ecosistema del Río Uruguay –explican– y consecuentemente si corresponde o no someterlo a la CARU (…) disponga que se haga llegar a este Ministerio todos los antecedentes y la información completa del Proyecto”.

El último párrafo es contundente: “resulta necesario que se proceda a autorizar la realización de las obras proyectadas ni el inicio de las mismas hasta tanto se concluya si el Proyecto debe ser sometido a la CARU”. El gobernador no respondió. Desde Cancillería insistieron. Fue el 16 de febrero de 2010, y con la firma del por el entonces secretario de Relaciones Exteriores de la cancillería, embajador Victorio Taccetti. “Como es de su conocimiento, la República Argentina y la República Oriental del Uruguay se encuentran vinculadas por el Estatuto del Río Uruguay de 1975 que, entre otras obligaciones, establece un mecanismo de información y consulta previa al co-ribereño, por intermedio de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU)–continúa Taccetti–, órgano binacional creador por el Estatuto, en el caso de que una de las partes planee construir una obra u otro emprendimiento que sea susceptible de producir efectos sensibles al régimen del Río Uruguay o la calidad de sus aguas.”

El texto de la carta tenía un claro objetivo: advertir a la máxima autoridad correntina del potencial conflicto diplomático que podría haber en puerta si se seguía adelante con el proyecto de construcción de la represa sobre el Arroyo Ayuí, que es parte de la serie de afluentes del Río Uruguay. Pero Colombi siguió sin responder. La última jugada provincial se concentró en la Legislatura, donde se transformó en ley el decreto de Arturo Colombi. Fue en junio de este año. Y así se posibilitó, por lo menos hasta hoy, que el proyecto de Aranda y Soros empiece a construirse el mes que viene. A pesar de la denuncias de ambientalistas y especialistas en contaminación, de las advertencias de Cancillería, de la CARU y de la Secretaría de Medio Ambiente.

A punto de iniciar la obra
Publicado el 15 de Agosto de 2010

La construcción de la represa Ayuí Grande ya casi no tiene obstáculos en el camino. Así lo confirmó un informe oficial publicado este jueves por el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA), donde aseguró que están dadas las condiciones para que comiencen las obras. El ingeniero Mario Rujana será el encargado de dar la puntada final, autorizando la concesión de aguas públicas. Es cuestión de días, ya que el propio organismo aseguró: “Se cumple con lo establecido en el Decreto Ley Nº 1919/01, respecto a los procedimientos para autorizar la puesta en marcha de la obra y concesión de agua, para lo que se cuenta con la documental técnica relacionada con la obra en sí, y que ya fuera analizado por el equipo conformado al respecto para la etapa previa a la Declaración de Impacto Ambiental, que fuera otorgado luego de la Audiencia Pública Ambiental en diciembre del año pasado.” Este es el último paso. El anterior fue garantizado con la sanción de la Ley (provincial) de Ordenamiento de Bosques Nativos (basada en un decreto firmado por el ex gobernador Arturo Colombi). En el artículo 34 sostiene que “los titulares de Planes de Aprovechamiento, Manejo Sostenible y/o cambio de Uso del Suelo (como es el proyecto de Aranda-Soros), calificados en el marco del Decreto del Provincial Nº 1439/09, quedarán firmes”. Es decir, el vicepresidente del Grupo Clarín y el magnate húngaro pueden, tal como pretenden, comenzar los trabajos el mes que viene. Sin embargo, las voces sobre la inconstitucionalidad del proyecto y de la ley provincial que lo habilita se hacen oír cada vez más.

“Lo que quieren hacer es una salvajada. Sería clavarnos un puñal a nosotros mismos”
Publicado el 15 de Agosto de 2010

El 28 de julio de 2010, Cristina Kirchner y José “Pepe” Mujica pusieron fin a cinco años de conflictos diplomáticos por la instalación de la pastera Botnia en suelo uruguayo.

Ambos mandatarios acordaron crear una comisión, que comenzará a funcionar en 15 días, con dos científicos de cada país para monitorear las aguas del Río Uruguay. El acuerdo firmado estará bajo la órbita de la Comisión Administradora del Río Uruguay. Una alta fuente de la delegación argentina en ese organismo, que pidió estricta reserva de su nombre, dialogó con Tiempo Argentino y alertó sobre la gravedad diplomática que puede traer la construcción de la Represa Ayuí. –¿Qué problemas podría traer a la Argentina si comienza la construcción de la represa? –Lo que quieren hacer en el Ayuí es una salvajada. Sería clavarnos un puñal en la espalda nosotros mismos. Las consecuencias de la represa no afectarían tanto el nivel del caudal del Río Uruguay, sino los sedimentos. Tengamos en cuenta que el Arroyo Ayuí desemboca en el Miriñay, uno de los principales efluentes del río Uruguay, e influiría en el aporte de nutrientes. –¿Intentaron hablar con el gobierno correntino? –Las autoridades correntinas se cortaron solas. Nunca atendieron los pedidos oficiales de diferentes organismos del Estado Nacional que le pidieron en diversas oportunidades precisiones sobre una obra de semejante envergadura. –Se asegura que las obras comenzarían en septiembre. –Sería muy grave que esto ocurriese. Podría haber un escándalo en puerta. –¿Por qué? –Porque esto nos jode a los argentinos. Imagínese, sería darles la razón a los uruguayos. Si nosotros les recriminamos judicialmente que no avisaron con anticipación de la instalación de Botnia, esta sería la excusa perfecta para que hagan lo propio con la construcción de la represa.

La Justicia correntina anuló el Decreto Provincial de ordenamiento de los bosques nativos

La Justicia hizo lugar a la demanda de la Fundación Iberá contra el Estado de la Provincia de Corrientes, declarando la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del Decreto 1439/09 dictado por el exgobernador Arturo Colombi. “Las autoridades correntinas habían actuado en forma apresurada pero ilegal, ahora la justicia puso las cosas en su lugar”, señaló el Presidente de la fudación Iberá.

Mercedes, Corrientes, 22 de Diciembre de 2009: Mediante un fallo del Juez Gustavo René Buffil la Justicia Civil de la ciudad de Mercedes (Corrientes) declaró la nulidad absoluta del Decreto 1439/09, que pretendía ordenar los bosques nativos de la provincia de Corrientes, declarando su ilegalidad e inconstitucionalidad. “El Juez actuó con absoluta independencia y un profundo apego a la legalidad” declaró la patrocinante de la demanda Dra. María Belén Blanco.

“Es que el gobernador Arturo Colombi había firmado un Decreto inconstitucional, para poder terminar su gestión con la aprobación de ciertos proyectos agrícolas que requerían de permiso de desmontes”, explicaron desde la Fundación Iberá. “Sin embargo, es la propia constitución de Corrientes la que señala que la regulación de las leyes de presupuestos mínimos sólo pueden ser realizadas por Ley, y no por la vía del Decreto”.

La fundación había advertido de ésta y otras irregularidades en el precipitado proceso de ordenamiento de los bosques nativos de Corrientes, montado en ausencia de un verdadero ejercicio participativo, con mapas completamente injustificables, donde áreas valiosas del bosque del Espinal quedaban sin protección alguna, sospechadamente al servicio de intereses de empresas con expresas intenciones de desmontes.

Fallo ejemplar
El fallo tiene una relevancia fundamental, por la implicancia que podría tener sobre el ejercicio de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos. “Los juristas de las provincias que aprobaron sus planes de ordenamiento por decreto, deberían analizar cuidadosamente este fallo, así como sus respectivas constituciones provinciales, para revisar si sus decretos son o no legítimos. En el caso de Corrientes, quedó demostrado que no lo era y que las autoridades no habían analizado convenientemente su propia Constitución”, señaló el biólogo Aníbal Parera.

Entre las implicancias de la sentencia, se encuentra el desmoronamiento del operativo montado por el propio Arturo Colombi y su Ministro de Producción Alfredo Aún, quienes a pocas horas de abandonar la gestión de gobierno habían firmado otro Decreto, esta vez para aprobar la Represa del Arroyo Ayuí Grande, en las inmediaciones de la misma ciudad correntina de Mercedes. Esta última maniobra también había sido advertida por la Fundación Iberá, exigiendo incluso la impugnación de una Audiencia Pública convocada a los efectos de tramitar dicha aprobación por el titular del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA) Mario Rujana.

La coartada que vinculaba el (ahora nulo) Decreto de Bosques Nativos con la Represa del Ayuí, quedó al descubierto por la defensoría del Estado, cuando en respuesta al pedido de Amparo señaló que “…La aprobación de proyectos de desmonte recién estaría comenzando a partir del próximo 4 de Diciembre con la Audiencia Pública de Ayuí” (textual).

El juego limpio
Si bien pretendía argumentar la “ausencia de daño”, la explicación no hizo más que exponerlo y la explicación indujo al magistrado interviniente a señalar que “El peligro de daño –por reconocimiento expreso del demandado (emisor del decreto cuestionado)– es cierto y concreto y no una indagación meramente especulativa”.

Para el presidente de la Fundación Enrique Lacour: “Corrientes se merece un uso sustentable y ordenado de sus riquezas naturales, y en particular de sus bosques nativos. Uno que pueda contar con el consenso y participación de la ciudadanía, y no realizado por funcionarios irresponsables, al servicio de inmediatos intereses inmediatos”.

El caso del ordenamiento de los bosques correntinos, claramente vinculado con el operativo de aprobación de una represa que había sido señalada como “Jurídicamente inaceptable” por el reconocido constitucionalista Daniel Sabsay, cobra ahora una dimensión mayor, y la escandalosa conducta de los funcionarios provinciales involucrados es puesta bajo la lupa de la Fiscalía Federal de Investigaciones en Materia Ambiental.

Vergonzosa Corrientes

Arturo Colombi aprobó la Represa del Ayuí por Decreto antes de entregar la gobernación
Horas antes de entregar el bastón de la gobernación a su primo Ricardo Colombi, el Gobernador saliente Arturo Colombi sorprendió con la firma del Decreto 2359/09 que pretende habilitar la polémica Represa que inundaría el curso del Arroyo Ayuí Grande para irrigar miles de hectáreas de arroz para Copra y Adeco Agro.

Mercedes, Corrientes, 10 de Diciembre de 2009:
Los funcionarios, los empresarios y el núcleo de pseudo-científicos promotores de la intentona por represar el curso del Arroyo Ayuí Grande para dejar 8.000 hectáreas de bajo las aguas de un inmenso lago artificial tenían la jugada perfectamente montada. El viernes 4 de Diciembre harían la Audiencia Pública en Mercedes (un requisito indispensable según el Código de Aguas de Corrientes), el lunes 7 se firmaría la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que ya estaba previamente escrita, al igual que el Decreto del Gobernador, firmado apenas horas más tarde, y antes de entregar el sillón de la gobernación a su primo Ricardo Colombi.

Todo sucedió como lo habían anunciado los anónimos emitidos desde las propias oficinas de gobierno, que describirían con vergüenza ajena, pero sin poder poner firmas, lo que estaba cantado que sucedería.

Pasaron por encima de todo, de las normas básicas de nuestra sociedad, las más elementales, la Constitución, pero luego atentaron contra todos los códigos, en especial los morales.

La Audiencia Pública había sido impugnada por un recurso extraordinario de la Fundación Iberá, por una larga lista de irregularidades. La misma organización había presentado una demanda (Recurso de Amparo) para anular un Decreto anterior que daba aprobación a un Plan de Ordenamiento de los Bosques Nativos, hecho a medida de estos empresarios, cargando con enormes irregularidades.

Sin embargo, hicieron caso omiso de una y otra cosa. No transcurrieron ni siquiera 24 horas hábiles para responder, o esperar el fallo de la justicia (que en este caso se demoró en exceso…). Desde el ICAA no llegaron siquiera a redactar el acta de la Audiencia, cuando ya tenían aprobado todo. Aún con la oposición de 3.200 firmas presentadas en el simulacro de audiencia.

El amanecer del nuevo día es para los empresarios del Ayuí, y la ciudadanía correntina, con nuevo Gobernador y una represa inescrupulosamente habilitada… La gran pregunta es ¿Cuál será ahora la conducta del nuevo gobierno? ¿Y cual la de la Justicia correntina?

Entre tanto, la indignación crece, no sólo entre los círculos ambientalistas, sino en la ciudadanía, que se  ha sentido engañada, pues fueron pocos los que no advirtieron que aquella audiencia, y todo lo que precipitadamente ocurrió a continuación era un circo montado por empresarios sin escrúpulos, con autoridades domesticadas que habitaban dentro de las jaulas.

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La represa del Ayuí Grande es ambiental
y jurídicamente inaceptable

Por tercera vez en los últimos años un grupo de empresas arroceras pretende represar el arroyo Ayuí Grande, sepultando 8.000 hectáreas bajo las aguas de un lago artificial, alternando el régimen de este importante curso de agua del que dependen otros productores y eliminando valiosos bosques nativos. La Fundación Iberá, que lideró la contundente negativa de prestigiosas organizaciones y juristas de renombre en las dos oportunidades anteriores, dice: "No pueden hacerlo, y esta vez debería quedar desmantelada para siempre esta pretensión privada sobre un bien público, que es ambiental y jurídicamente inaceptable".

Las empresas arroceras Copra S.A. y Adeco Agro hicieron hasta aquí lo imposible por llevar adelante su ambicioso proyecto de represar el Arroyo Ayuí Grande, para formar un lago artificial de 8.000 hectáreas con el fin de irrigar nuevos cultivos. Según dicen podrían alcanzar hasta 28.000 hectáreas bajo riego.

Para la Fundación Iberá y una parte abrumadora de la ciudadanía -basta revisar el Blog www.ennombredelayui.blogspot.com para conocer el apoyo que logró su campaña-, esto resulta sencillamente inaceptable.

Según el constitucionalista Daniel Sabsay, Presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales "Los dueños de campos privados no pueden apropiarse de un río y de sus costas, convirtiéndolos en un lago, inundando espacios que son públicos y que están protegidos por una batería de leyes. No pueden arrogarse el uso del recurso hídrico del que depende la sustentabilidad de toda una cuenca ubicada aguas abajo, incluyendo a muchos productores que hacen un uso legítimo del mismo recurso y que se verán seriamente perjudicados por un acto unilateral que modificará el régimen de dicho recurso".

Sabsay analizó el caso correntino para sostener. "No se compadece con el modelo de desarrollo sustentable contemplado en nuestra Constitución Nacional, tratados internacionales de los que la Argentina es parte y, por supuesto, leyes nacionales de presupuestos mínimos de protección ambiental y la legislación provincial derivada. No es aceptable semejante ataque al orden público ambiental que con tanto esmero ha definido la Corte Suprema de Justicia de la Nación", refiriéndose a una serie de sentencias entre las que se destaca "Mendoza" (conocida como el caso del Riachuelo).

Sería la primera vez que tal cosa ocurre y sentaría un riesgoso precedente en materia jurídica y ambiental.

El derrotero de las empresas para inundar el Ayuí:

Año 2005
Cinco empresas reunidas en la UTE (Unión Transitoria de Empresas) lideradas por Copra y Pilagá, intentaron avanzar con una represa, que por su tamaño fuera descomunal decidieron denominar "Megarrepresa", esgrimiendo una Evaluación de Impacto Ambiental visiblemente endeble, arguyendo grandes beneficios a la zona. Encontraron una sólida resistencia de la comunidad.

Año 2007
Pilagá se vendió a Adeco Agro, quién se sumó a Copra para resurgir con el proyecto. Contrataron científicos y profesores universitarios reconocidos (cuyo prestigio se desvaneció tan pronto como sus nombres se incorporaron a un proyecto insalvable). La represa se achicó un tanto (de 11 pasó a 8 mil hectáreas de espejo de agua artificial), pues una de las empresas entendió que el proyecto era inviable, y retiró sus campos del proyecto.

Año 2008
Un notable grupo de juristas, artistas, productores y científicos publicó la Carta Abierta titulada "El Ayuí debe seguir siendo un arroyo". Entre otros, firmaron la carta Antonio Tarragó Ros (Cantante), Daniel Sabsay (Constitucionalista), Antonio Brailosky (Ambientalista), Eduardo Peluffo (productor del Miriñay), Ernesto Viglizzo (Agrónomo del INTA/Conicet), Aníbal Parera (Biólogo), entre muchos otros vecinos, productores y figuras de renombre.
- Miles de personas se sumaron a la "Carta abierta" a través del Blog en defensa del Ayuí montado por la Fundación Iberá.

- Las empresas entendieron, sin embargo, que lo único que les impedía avanzar era la vigencia de la Ley Nacional de Bosques, que congelaba los desmontes hasta que la provincia emitiera su Ordenamiento de Bosques Nativos. Entonces se retiraron de la escena nuevamente, esta vez para empujar al gobierno de Corrientes a que emita un "Decreto de Bosques Nativos" que los habilite para avanzar con su proyecto de represa.

Año 2009
Habiendo obtenido el Decreto del Ejecutivo provincial (que lleva la firma del Gobernador saliente Arturo Colombi), consiguieron un dictamen positivo de la oficina de Recursos Forestales y convocaron a una Audiencia Pública para el próximo 4 de diciembre.

El Decreto de Bosques en la Justicia

El Decreto de Bosques Nativos está en manos la Justicia, desde que la Fundación Iberá promovió un Recurso de Amparo, solicitando la nulidad absoluta e insanable del mismo por considerarlo:

(a) improcedente (al no publicar información obligatoria, como por ejemplos los mapas de zonificación de los bosques);

(b) inconstitucional (contrariando varias leyes),

(c) promovido sin el consenso que exige la Ley Nacional de Bosques y, lo que resulta especialmente grave

(d) promotor de un daño a los productores de zonas con bosques nativos, automáticamente condenados a no percibir los beneficios de un importante Fondo Compensatorio por preservar dichos bosques.

"Si bien esto último pasó desapercibido para muchos ciudadanos, la imposibilidad de acceso al Fondo cayó automáticamente cuando el Gobernador decidió firmar un Decreto en lugar de buscar la vía parlamentaria correspondiente para reglamentar el uso de los bosques" -explica el biólogo Aníbal Parera, con trayectoria en políticas de producción rural sustentable-: "La ley penaliza de esta forma a las provincias que deciden esquivar la vía parlamentaria".

Al filo del cambio de gobierno provincial, y puestos en jaque por las expresiones realizadas en el lanzamiento de la Plataforma Ambiental del gobernador ahora electo, su asesor Lino Gómez, decía: "En uno de los afluentes del río Miriñay una empresa privada quiere taparlo e inundarlo para el cultivo de arroz y el actual gobierno no hizo nada, el único estudio que existe es el que pago la misma empresa".

No es de extrañar que las empresas impulsen ahora una Audiencia Pública a sólo seis días del cambio de gobierno.

Para el cantante popular correntino Antonio Tarragó Ros: "Esta es una verdadera tragedia, y lo que yo aprendí que puede convertir la tragedia en virtud es el arte: vamos a escribir poesía y canciones al Ayuí, para que siga corriendo".

Sin embargo, el osado e irregular proyecto de Represa del Ayuí Grande vuelve a zozobrar. De avanzar con el desarrollo de la audiencia pública, el ICAA y las empresas podrían verse sorprendidas en extraño papel, sin el soporte legal en el que ellas ingenuamente confían (el Decreto de Bosques Nativos podría ser previamente declarado de "nulidad absoluta").

Para el presidente de la Fundación Iberá, Enrique Lacour, esta es una posición que no deja de ser ingenua: "Parecen no comprender que hay leyes en todos los niveles, desde Municipal hasta Internacional, que frenarían este proyecto en cualquier corte judicial".

Las Claves del Ayuí

* Arroyo Ayuí Grande: está en corazón de Corrientes, a 50 km de los esteros del Iberá, y es el principal afluente del Río Miriñay, que desagua en el Uruguay.

* Bosques en Galería del Ayuí: Están dominados por el Ingá, un árbol de 15 m de altura, con presencia de Timbó Blanco, Laurel, orquídeas y epífitas.

* Especies en extinción: En el Ayuí viven especies amenazadas que se verían desplazadas de su hábitat, como el ciervo de los pantanos, el aguará guazú y el lobito de río (las tres protegidas como Monumento Natural Provincial).

* Ambición desmedida: Existen alternativas para irrigar cultivos en la zona, incluso aconsejadas por los mismos técnicos contratados por las empresas, como varias represas menores ubicadas en cabeceras de cuenca, donde no hay bosques maduros por inundar. Su defecto es que no tendrían la misma capacidad que el proyecto busca.

* Sin precedentes: No existen precedentes de un proyecto de estas características. Represas de estas dimensiones son hidroeléctricas y al servicio de toda la comunidad (generación de energía eléctrica), no en beneficio de privados, como en este caso.

* Daño a los productores: Otros productores no acompañan este proyecto. En especial muchos ganaderos y arroceros ubicados aguas abajo temen por posibles accidentes (roturas del dique), falta de agua (no confían en que la empresa deje de retenerla en tiempos de sequía) y daños ecológicos (las producciones de la cuenca son dependientes del agua y del ecosistema).

* Falsa escuadra: El Proyecto vulnera la Constitución Nacional, tratados internacionales, leyes nacionales y provinciales. Sin embargo, la antijuricidad manifiesta no impidió que la provincia "acompañe" en todo momento el proceso. Con o sin Decreto de Bosques el proyecto es inviable.

* Poderosos intereses: No son empresas correntinas las que promueven el proyecto. Adeco Agro pertenece al grupo del financista internacional George Soros y el titular de Copra S.A. es un conocido gerente del grupo Clarín.

* Puestos de trabajo y donaciones a Hospitales locales: es lo que proponen las empresas a cambio de destruir el ecosistema y vulnerar el acceso al agua a productores de la baja cuenca.
Acción: Ud. puede evitar que inunden el Ayuí:
Acceda al Blog www.ennombredelayui.blogspot.com

La Carta Abierta en Defensa del Ayuí:
http://www.proteger.org.ar/download/archivos/ayui-solicitada.pdf
Enlace al Mapa de ubicación de la represa (en Alta)
http://bp0.blogger.com/_4V1kWNniOp8/SJi6INq6nXI/AAAAAAAACd8/s5V_RkyzSac/s1600-h/Mapa.jpg
Fuente: Fundación Iberá
Noviembre 2009

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